La
democracia implica que todos los ecuatorianos podamos elegir y ser elegidos. Es
la voluntad soberana del pueblo la que se expresa en el acto electoral para
conceder al dignatario el honor y la responsabilidad de representarlos en la
Asamblea Nacional. Una
responsabilidad compartida, en la que convergen los partidos y movimientos políticos que
en actos reglados eligen a los candidatos, éstos aceptan la candidatura y el
elector, en el momento solemne y definitivo de acudir a las urnas, toma la
decisión. Es de esperarse, que las tres partes actúen con la responsabilidad
cívica que corresponde.
En
lo que corresponde a mi responsabilidad como ciudadano, acepté la candidatura ofrecida por el Movimiento RUPTURA 25, porque
comparto su ideología. Suscribo
con fe sus principios y sus propuestas de construir un país justo, solidario,
sin discriminaciones de ninguna clase, equitativo e igualitario, respetando las
libertades y derechos conquistados por la humanidad durante siglos de luchas,
con la convicción de que igualdad y libertad son partes inseparables de la
ecuación democrática.
He
decidido pedirle nuevamente al pueblo ecuatoriano un voto de confianza para que,
sobre el juzgamiento de mis conductas parlamentarias, me permita ocupar una
curul, a fin de continuar luchando por esos ideales que comparte la mayoría de
la población. Esto implica seguir
trabajando por dignificar la labor legislativa, recuperar su facultad fiscalizadora y recobrar para la Asamblea el rol de
primera función del Estado y representante de la soberanía popular. Para
lograrlo, es necesario reformar la Ley Orgánica de la Función Legislativa, de
modo que nos sea permitido legislar con independencia y fiscalizar los actos de
las funciones del Estado y de los órganos del poder público, garantizando a los ecuatorianos una
sociedad democrática, libre de corrupción y sin
las trabas creadas en la actual Ley.
Para
recuperar el pleno ejercicio democrático en el crítico tema electoral, es
necesario reformar el Código de la Democracia, que en la actualidad concede al
presidente de turno ventajas inadmisibles en una contienda desigual, que favorece, con descaro, a
los titulares del poder.
A
pesar de los más de sesenta cuerpos legales que hemos aprobado en el período
actual, es importante que se reformen leyes y se creen otras nuevas en el tema
que más preocupa a los ecuatorianos: la seguridad. Se torna imperativo impulsar
las reformas a la Ley Orgánica de
Seguridad Pública y del Estado, debatiendo el papel de los militares en la
seguridad interna; reforma de la Policía Nacional sin rencores ni revanchas; la
Ley se Seguridad Ciudadana, Ley
para enfrentar siniestros de origen natural o de la actividad humana;
adicionalmente, crear una Ley de Inteligencia Nacional, que propicie el
ejercicio de esta importante actividad en el marco de las libertades
democráticas.
Una
ley que debemos construir con la más amplia participación ciudadana, sin
obsesiones ni odios, en el espíritu del Acuerdo Ético Político, es la nueva Ley
de Comunicación, a fin de asegurarle
al país una normatividad que garantice sus derechos a la comunicación,
información y expresión, los más caros para los seres humanos.
El
Código Penal Integral, es otra ley que tiene tantas connotaciones para la
seguridad, la cultura de paz y el respeto a los derechos humanos, en el que
deberemos trabajar si no se logra terminarlo en el actual período. Este Código
debe contar con la activa participación de todos los sectores de la sociedad
para evitar que, a pretexto de una seguridad que todos anhelamos, se implante
un sistema represivo, atentatorio a nuestros derechos. La verdadera
rehabilitación de los sentenciados, el tratamiento a los menores de edad, la
lucha en contra del crimen organizado, el perverso negocio del narcotráfico
deben estar claramente tipificados y duramente sancionados.
Entre
los proyectos de gran importancia que deberán, seguramente, tratarse en el
próximo período, se encuentran las leyes de recursos hídricos, de tierras, de
las culturas, actualmente en proceso de consulta prelegislativa. En todos estos
casos la norma deberá apoyar la construcción del país próspero, productivo,
equitativo y de paz que soñamos los ecuatorianos y ecuatorianas. También deberá
reformarse la Ley de Educación Superior que ha causado tanto daño al conjunto
de la sociedad y la Ley que regula el Consejo de Participación Ciudadana para
liberar a esta función de la tutela del Ejecutivo y del movimiento político en
el poder.
Finalmente,
me refiero al plan de trabajo presentado por los candidatos de RUPTURA 25, en
el cual se puede encontrar en mayor detalle nuestra propuesta en la página web
de RUPTURA 25
